20 años de Derechos del niño y la niña: los progresos y los desafíos en el Chile del Bicentenario
Editorial de la Sra Marta Mauras, Miembro del Comité de los Derechos del Niño (ONU)
La Convención de los Derechos del Niño (CDN) cumple 20 años de vigencia en Chile y en el mundo. El entonces recién asumido presidente Patricio Aylwin fue quien ingresó la vigésima firma que se necesitaba para su ratificación internacional, en agosto de 1990, tras su aprobación por el parlamento chileno.
Con la Convención, el concepto de la niñez cambió radicalmente. De objetos de protección y tutela, los niños y niñas pasaron a ser sujetos plenos de derechos. Tal vuelco conceptual y normativo implica enormes cambios en la manera de conducir el estado –puesto que éste es garante del cumplimiento de los derechos- y en las relaciones dentro de las familias y en las comunidades, respecto de los niños. Una buena parte de los esfuerzos de los países se ha dedicado a las reformas legales y normativas que se requieren en el ámbito nacional para la aplicación de la Convención.
La región de América Latina y el Caribe ha sido pionera en el avance de reformas legislativas. Se han modificado muchos antiguos códigos del menor que respondían a la anterior doctrina del patronato o de la tutela y se ha avanzado en la protección legal de ciertas categorías específicas de niños y niñas en riesgo, en particular los niños y adolescentes en conflicto con la ley.
Una revisión integral del marco jurídico acorde con los principios de la Convención, sin embargo, ha sido menos frecuente. El caso más emblemático y único en América Latina, es Brasil cuyo Estatuto da Crianca e Adolescencia acaba de cumplir también 20 años, y que es un ejemplo en términos de transformar políticas y programas para la niñez en acciones concretas en el ámbito local con participación comunitaria.
Más recientemente en Argentina, se aprobó en el 2005 una ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes que ha significado empezar a rearmar las políticas y programas para la niñez y la adolescencia en el nivel federal y provincial. Pero el gran vacío en este país es aún en el tema penal juvenil donde siguen vigentes normas de la época de la dictadura militar que no ofrecen todas las garantías de protección para niños en conflicto con la ley.
En Colombia, una segunda reforma al código de la niñez y la adolescencia, ha logrado no sólo estipular normas sino también exigir explícitamente de las autoridades del gobierno nacional y provinciales una programación acorde a derechos, provista de recursos y de sanciones específicas en caso de no cumplimiento.
En Chile, la reforma legislativa integral es un tema pendiente. El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño recomendó por segunda vez en 2007 –ya lo había hecho en el 2002- que se acabe de reemplazar la ley de menores de 1967 y se avance hacia una ley integral de protección de la infancia.
Éste es un desafío no menor ; la discusión de la ley misma debe ser objeto de un amplio debate nacional en que participen también niños, niñas y adolescentes en sus diferentes ámbitos. Además, se necesita transformar la ley en políticas públicas e instituciones y destinar los recursos financieros y técnicos necesarios, llevándolos hasta las más recónditas unidades administrativas de gobierno y el estado.
La prioridad puesta hasta ahora en la región en la lucha contra la pobreza es sin duda un paso adelante. En esto América Latina ha tenido avances importantes, pasando de un 47% de pobres en el año 2000 al 33% actual, junto con estrechar en algo las desigualdades de ingreso que, sin embargo, siguen siendo las más altas del mundo.
Sin duda hay una relación directa entre el gasto social en la región que casi se triplicó entre 1990 y 2008, pasando de US$318 per cápita a US$819 y la baja de la pobreza. Pero tampoco cabe duda que el crecimiento económico -del cual ha disfrutado esta región al menos hasta el 2008- no ha sido por sí solo el determinante de ese aumento del gasto. Ha habido en muchos países, y Chile es un ejemplo en este sentido, una política decidida de inversión social en la forma de sistemas de protección social destinados a cumplir una agenda de derechos económicos y sociales.
Una batería de políticas y programas sociales tales como el AUGE en salud y Chile Solidario, ambos ampliados durante el período de la Presidenta Bachelet, y otros iniciados en su gobierno como las pensiones solidarias, Chile Crece Contigo para la primera infancia, la expansión de la red de jardines infantiles, además de subsidios y subvenciones diversas para la mujer y los jóvenes constituyen elementos de tal sistema.
Pero en general en el país prevalecen actitudes paternalistas y autoritarias, especialmente hacia los niños pobres, que se expresan en violencia, pérdida de libertad o institucionalización como primera respuesta.
Además, en general se tiene escasa consideración de las opiniones de niños, niñas y adolescentes en cualquier ámbito. Celebrando el XX Aniversario de la CDN, el Foro Chileno por los Derechos de la Infancia realizó cabildos regionales con más de 350 colegios y 60.000 niños los que coincidieron en señalar, entre otras, que ¨los padres deben tener más educación para controlar su enojo¨ y ¨que los profesores los respeten¨. Las Oficinas Comunales de Protección de Derechos (dependientes del Ministerio de Justicia), de las cuales existen 113 para un total de 345 municipios, son apenas el germen de un espacio posible para que niños, niñas y adolescentes se expresen e interactúen abierta, segura y democráticamente.
Eso es la versión resumida de el artículo publicado el 19 de Agosto de 2010 en el blog de la revista La Tercera.